Manos arriba, ésto es un atraco

Como en los mejores tiempos del patapúm p´alante de Clemente como técnica defensiva, la AESA está a punto de quitarse un marrón de su competencia regalándonos un nuevo sistema de exámenes/verificaciones para los pilotos de ultraligeros (ULM).

Imaginamos que sabréis que recientemente se ha convocado el primer "curso de estandarización de examinadores" para ULM, que han superado 15 personas irregularmente distribuidas por nuestra geografía y que serán a partir de muy pronto a quienes habrá que acudir para examinarse del práctico o hacer vuelos de verificación cuando caduca la licencia.

El curso, que ha versado principalmente sobre burocracias varias y conocimiento del medio (de la administración pública) peca de falta de pragmatismo ya que lo que se debiera buscar es un cambio cualitativo en la forma de verificar la competencia de los pilotos recreativos españoles.

Con ello la AESA da por resuelto un problema que ella misma había generado con su imprevisión al dejar que los examinadores (antiguos oficiales de tráfico en su mayoría) se jubilaran dejando de cubrir un servicio que debe prestar la autoridad que emite las licencias de ULM y que, provisionalmente, habían venido cubriendo dos/tres personas subcontratadas a SENASA/ISDEFE que, en principio, iban a ser destinadas principalmente a prestar asesoramiento a los funcionarios que gestionan la aviación recreativa que ya han demostrado en reiteradas ocasiones su escaso conocimiento del sector que deben atender.

(https://youtu.be/DHH8NhHu1y4)

Pero hay varios problemas que aún no tienen respuesta, y con los que la AESA se pone de perfil cuando se le pregunta, que deberían empezar a preocuparnos porque la política de los hechos consumados no suele casi nunca beneficiar el interés del administrado:

1º Se rumorea que las "tarifas" a aplicar por estos examinadores ajenos a la AESA van a ser libres y sin ningún tipo de control por la administración, ni tan si quiera una orientación en el precio a pagar por el usuario del servicio, recordemos que hasta ahora es gratuito, con lo que vamos a pasar de pagar 0 € por examinar a los alumnos (o verificar a alguien que haya dejado caducar su licencia) a... ¿cuánto?

Se habla en los mentideros de unos 150 € en concepto de honorarios, como mínimo, lo que sumados los gastos de desplazamiento a aquellas comunidades que no han sido agraciadas con la residencia de ningún examinador (y son varias) puede suponer unos cientos de euros más.

2º La distribución, como decíamos, es muy irregular y desafortunada por dos motivos:

• Hay comunidades autónomas donde no hay ningún examinador, con el encarecimiento que supone cubrir otros territorios si se deben compensar sus gastos de desplazamiento.
• También las hay donde no hay examinadores de un tipo (recordemos que se han habilitado varios para MAF, dos para AG y uno para DCG), lo que en la práctica supone que los examinadores tendrán que hacer un esfuerzo de movilidad ya que se supone que deben desplazarse a las escuelas que soliciten sus servicios (de pago) que antes eran cubiertos por la AESA (gratuitamente).

Esta improvisación de la AESA ya ha producido excesos en lo económico, ya que nuestra querida administración aeronáutica ha sacado la sangre a los recién "titulados", que han pagado unos 400 € por asistir a un curso de dos días en Madrid y ahora deben pagar otros casi 300 € para que los verifiquen en vuelo además de que, a lo anterior, deberán sumar los gastos de desplazamiento que cada uno haya tenido (unos 300 € de media) y, para rematar, tendrán que hacer nuevamente ese gasto cada 3 años para mantener sus habilitaciones como examinadores.

Todas esas cantidades se tendrán que amortizar en ese tiempo máximo de 3 años si no se quiere perder dinero cosa que, conociendo el sector, no está para nada garantizado y puede producir más problemas de los que se pretende resolver echando la pelota al tejado de los recién habilitados.

(https://youtu.be/3iF5ISy2hZk)

Y todo ésto, ¿quién se lo ha sacado de la manga y con qué justificación, aparte de la urgencia por apagar la sequía de examinadores que padecemos por imprevisión de la AESA? ¿Se lo han consultado a alguien, como por ejemplo a los afectados, antes de tomar esta decisión sumaria?

¿Alguien se ha parado a pensar si este sistema es viable y adecuado y, sobre todo, si beneficia en algo a la seguridad que es de lo que se trata? Porque no se trata solo de poner otro parche a una burocracia que hace aguas mayores sino, más bien, la prioridad debe ser servir de criba a la próxima generación de pilotos recreativos españoles, aunque parezca que a la administración es lo que menos le preocupe.

Mucho nos tememos que esta ¿solución? no supondrá más que un aumento de la carga burocrática (más papeles), de los costes para la formación (nuevas "tasas" y gastos) y tan solo la mejora que los nuevos habilitados quieran asumir y autoimponerse sobre la calidad de los exámenes prácticos como se vienen entendiendo hasta ahora, un mérito este último que no será de la AESA sino de los propios examinadores externos.