Es
curioso, para quienes han vivido de cerca las complicaciones del proceso de generación
del Real Decreto (RD) recientemente publicado que comentábamos en nuestra última entrada, lo que más ha preocupado al sector del resultado final.
No
preocupan en exceso los futuribles (sílabus
teórico y práctico para obtención de la licencia y habilitación
RTC, banco de preguntas de examen, curso de acceso y estandarización
para FIs y modelo de registro personal de vuelo) que, a fin de
cuentas, son un
cheque en blanco entregado a la administración que se está rellenando a puerta cerrada, o casi.
Tampoco
preocupan mucho ni el estado de la redacción ni el plazo previsto para la publicación del que será el RD que regulará operacionalmente la aviación ultraligera en España, aunque se atisbe que por
fin se asimilarán viejas demandas del sector como poder volar un VFR
sin restricciones
(vuelos a más de 1000 AGL, en espacios aéreos controlados, etc.) a
semejanza de nuestros vecinos del norte y oeste, o la actividad
aérea comercial en ULMs entre otras cosas.
No. Lo que más ha preocupado al sector, o al menos a las escuelas y sus
alumnos que se han movilizado como pocas veces, es un solo párrafo de la disposición transitoria segunda
que, en redacciones anteriores del borrador del RD difundidas para
conocimiento del administrado, no estaba ahí:
Y aunque son pocos (muy pocos en términos comparativos) los afectados si que es cierto que, si debemos aceptar como tal el proceso de
información pública seguido con este RD, seguro que también seremos de los que aceptamos pulpo
como animal de compañía jugando
al
SCATTERGORIES, lo que supone un pésimo precedente en este novedoso "clima de diálogo" entre la autoridad y los administrados.
Ese
dichoso parrafito, y alguno más que no ha trascendido tanto, nos
lo han colao. Y no hubiera hecho daño a nadie que en
vez de hacer caducar los exámenes teóricos ya aprobados en 2 meses (el
13 de mayo) lo hubieran hecho a un año vista,
sobre todo si hubieran tenido en cuenta que los alumnos-piloto
dedican a esto de aprender a volar su tiempo libre, como actividad
recreativa que es. Pero claro, nadie se lo preguntó a los afectados cuando aún tenía solución.
Así que,
como vivimos en el país que vivimos, la administración que ha metido la pata parece que ha activado lo que tiene desactivado por defecto cuando se trata de beneficiar
al administrado en su día a día: las
interpretaciones flexibles de la norma.
Así,
en una reciente reunión con los “afectados” (escuelas con
alumnos que no estarán preparados para ser presentados al examen
práctico antes de que les “caduque” el teórico gracias a
la mala redacción de esa disposición transitoria que nadie ha
conocido hasta que ha sido demasiado tarde) a los responsables
de la AESA no se les ha ocurrido otra cosa que dar a entender que serán “flexibles”, e incluso “facilitarán” que los
alumnos "perjudicados" aprueben, para que nadie se sienta mal con su falta de previsión.
No,
no hay que sorprenderse. Ya estamos curaos de espanto como dicen en el pueblo.
Ya sabemos que nuestra administración
tiene una cultura de la seguridad más burocrática que generativa,
por lo que su solución
lógica
no es sorprendente que acabe en que los aspirantes a piloto, aún no llegando a cubrir
mínimos razonables, es posible que obtengan lo más parecido a un aprobado
general.
Lo que para unos sería solo sarcasmo para otros puede ser un buen parche.
Llámalo
aprobado general, pasar la mano, facilitar las cosas, rebajar el listón, poner un examen facilón, flexibilizar la
norma, enmendar un error con otro más gordo; llámalo como quieras. Aceptaremos pulpo
como animal de compañía y que
nos quiten lo bailao
con aquello de la prioridad de la AESA en fomentar la seguridad de vuelo; todo sea porque cada papel sea administrativamente correcto o, al menos, lo parezca. Un buen comienzo para la nueva normativa.
Nota: Alguien no ha tenido en cuenta aquello que en EASA se suele argumentar en estos casos, los grandfather rights o, dicho en castizo, Santa Rita, rita, rita, lo que se da no se quita, y a los alumnos les han cambiado a golpe de decretazo dos años por dos meses, algo que no es ni política ni jurídicamente correcto.
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